Aduana virtual?

Es que los avances tecnológicos hacen que el futuro sea cada vez más incierto, y por ende regularlo no es un desafío sencillo. En ese proceso está la OMC en muchas áreas y un debate sustancial es el referido a las transmisiones digitales.

El tema deriva de un cambio de modelo tecnológico: antes cualquier tipo de contenido digital que se quisiera enviar de un país a otro -desde un cassete con música, un DVD con una película o un CD con un programa informático- tenía un soporte físico, que permitía ciertos controles, pero hoy eso desapareció y el medio de transmisión son los flujos de datos a través de Internet.

Ese proceso paulatino hoy ya masificado era sabido por las principales potencias tecnológicas hace bastante tiempo, y en 1998 se firmó en la OMC la “moratoria”, un acuerdo que elimina la imposición de derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas.

Esto permitió en las dos décadas posteriores un libre flujo de contenidos en el mundo. Pero ese pacto vence en 2020 y hay países que están planteando en el seno de la OMC -la institución toma todas las decisiones por consenso de los 164 miembros- buscar una solución para controlar las transmisiones digitales, creando una especie de “aduana virtual”.

Hay tres posturas de socios de la OMC: prorrogar nuevamente la moratoria con el objetivo de tener más años para analizar el tema, hacer definitivo el acuerdo para el libre flujo de transmisiones a través de Internet, y eliminarlo para buscar una forma de regularlo.

Esa última postura -que Uruguay no comparte- abre una inmensidad de preguntas: ¿Cómo determinar el origen de un contenido transmitido vía web? ¿Cómo calcular su valor para aplicarle impuestos de aduana? ¿El sistema financiero (que canaliza los pagos) podría ser un aliado? ¿Qué infraestructura deben tener los países para controlar esto? ¿No será más costosa la implementación que la posterior recaudación?

Bandos.

La decisión sobre la moratoria deberá tomarla en diciembre el Consejo General de la OMC, donde están representados todos los miembros, o podría extenderse seis meses el acuerdo para dejar la resolución para la Cumbre Ministerial -el órgano máximo- de 2020 en Nursultán (Kazajistán), donde asisten los ministros de comercio de todo el mundo.

Aun así, los países ya están analizando el asunto en reuniones informales dentro de la OMC, en talleres específicos y en un grupo multilateral al que adhirieron 76 países sobre comercio electrónico (ver aparte).

En principio, la postura de aplicar de forma permanente la moratoria tiene respaldo de Estados Unidos. China es partidario de extenderla, y hay naciones como India y Sudáfrica que han puesto reparos a la renovación del pacto para no gravar las transmisiones digitales.

“Los avances tecnológicos están revolucionando el modo en que hacemos negocios, y también la forma en que comerciamos. La economía digital y la moratoria relativa al comercio electrónico han sido un tema importante de las conversaciones de muchos miembros de la OMC”, dijo en abril el director general del organismo, el brasileño Roberto Azevêdo.

En esa ocasión, en un taller centrado en comercio electrónico, el embajador japonés en la OMC y expresidente del Consejo General, Junichi Ihara, dijo que “un elemento común que quedó claro en los debates fue la necesidad de disponer de más datos” para “poder comprender mejor las cuestiones subyacentes y para que los miembros puedan tomar decisiones bien fundamentadas”.

Uno de los defensores de la moratoria, porque entiende que promueve la innovación tecnológica y la inclusión digital, es el creador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba. Jack Ma planteó en la última Cumbre Ministerial de 2017 en Buenos Aires la necesidad de contar con “una plataforma que haga posible que todos los países y las pequeñas empresas puedan comprar y vender de manera global, con pagos globales».